“Todos tenemos derecho a una vivienda digna”, pero la realidad se aleja mucho de lo esperado. La vivienda se ha convertido en una fuente de ingresos para unos a costa de la necesidad de todos. Los “booms” sufridos en el precio inmobiliario son uno de los indicadores de gran problemática que gira alrededor de este tema.
Encontramos enormes parques de viviendas vacíos que tardan años en ocuparse, otras que se abandonan hasta la ruina, solares que nunca llegan a edificarse, etc. Hay una gran contradicción. Muchas casas no salen al mercado, y en lugar de bajar los precios al haber gran cantidad de pisos vacíos lo utilizan como un instrumento para inflar más esos costos al reducir la oferta.
Los “okupas” son los que más se movilizan para luchar contra este sistema capitalista. Es un grupo social que reivindica un derecho primordial. Se mueven por la escasa capacidad que tenemos los jóvenes de conseguir un lugar digno donde poder vivir, puesto que no cumplimos ni siquiera los requisitos para recibir ayudas para conseguir una de protección oficial. Uno de los principales motivos es la situación que vivimos de explotación laboral basada entre otras cosas en contratos basura y precariedad.
Muestran su postura crítica ante este modelo social basado en el consumismo, y crean nuevas alternativas al alcance de toda la sociedad. La okupación es una de ellas. Barcelona es donde esta forma de reivindicación fue mejor acogida. Actualmente son 30 las casas okupas que actúan como centros sociales.
No existe un manual para definir a quienes pertenecen a este movimiento. Un okupa no es solo quien vive en una casa okupada, hay quienes colaboran gestionando acciones como las actividades que se ejecutan en estos centros sociales autogestionados. Son actividades gratuitas realizadas para dar salida a la falta de prestezas ofertadas en los barrios para los jóvenes. Los ocupas no velan por sus intereses, buscan mejoras sociales.
1 comentario:
El movimiento okupa prospera en Barcelona porque tiene la benevolencia de la administración local. Acaba de conseguir su primer éxito político al contaminar el proyecto de derecho a la vivienda del nuevo Tripartito. Cuando parecía empezar bien porque prometía dedicarse a la gestión de las cosas y no de los sentimientos, se lanza por el camino del intervencionismo. El proyecto tiene dos problemas. Considera que la vivienda es un bien social, no un activo privado, y que los problemas se solucionan obligando a la gente a hacer con su dinero lo que nos parece políticamente oportuno.
La vivienda privada es un activo de sus propietarios, que decidieron invertir su dinero en comprar un piso en vez de tenerlo en acciones o en depósitos bancarios. Por la misma lógica que el proyecto obliga a justificar las viviendas vacías, tendríamos que expropiar a los que guardan su dinero en el banco sin invertirlo en crear empleo. O incluso a las empresas que reparten dividendos en vez de utilizar los beneficios en crear más puestos de trabajo. Porque no me dirán que no hay un problema de desempleo o de empleos basura. Si la vivienda es problema, es precisamente porque las políticas aplicadas han sido un desastre. Empezando por la ley del suelo y la política de alquileres. No hay nada que inventar, sino simplemente dejar de utilizar los problemas para fidelizar clientes electorales en vez de resolverlos.
Da vergüenza repetirlo pero si queremos que los propietarios pongan sus pisos en alquiler, tenemos que hacer más atractivos los contratos y fortalecer la posición jurídica del arrendador. Bastaría con restablecer el famoso decreto Boyer cuando los socialistas eran esos jóvenes nacionalistas liberales. Este proyecto hace exactamente lo contrario, porque se olvida de la consistencia temporal. Podrán pillar a algún despistado y obligarle a alquilar su casa. Pero sin duda habrá menos viviendas construidas dentro de unos años y más problemas de escasez. Si tuviéramos memoria histórica, sabríamos que ya lo intentó Franco y el Instituto Nacional de la Vivienda.
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